Los alcaldes de los cinco municipios han solicitado a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que se paralicen los proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas en la zona hasta que se apruebe una regulación que garantice la compatibilidad de la implantación de estas instalaciones de energías renovables con un desarrollo sostenible de sus municipios.

Los alcaldes de los cinco municipios, José Carrasco de Casares, Fran Gómez de Jimena, Pedro Godino de Gaucín, Jesús Fernández de Tesorillo y Adrián Vaca de Castellar, han mantenido esta mañana una reunión con responsables de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

Un encuentro en el que han participado el viceconsejero, la directora general de Urbanismo y la jefa del Servicio de Planificación. Los alcaldes han reclamado que se paralicen los proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas en las 5 localidades, hasta que se apruebe una regulación autonómica que garantice la compatibilidad de la implantación de estas instalaciones de energías renovables con un desarrollo sostenible de sus municipios.

En la reunión se ha acordado trasladar esta iniciativa a las consejerías de Presidencia, Hacienda y Turismo, cuyo acuerdo es fundamental para aprobar esta petición de moratoria en la Junta de Gobierno de la Junta.

El Ayuntamiento de Casares está tomando acciones juntos a otros ayuntamientos de la zona (Jimena de la Frontera, Tesorillo, Gaucín y Castellar de la Frontera), ante el gran número de proyectos que se están tramitando para la instalación de plantas fotovoltaicas en sus municipios.

El objetivo de este consejo de alcaldes es que la instalación de las plantas de energías renovables se realice de forma sostenible y planificada, para que no tenga un gran impacto paisajísticos o medioambiental, ni perjudique el desarrollo de sectores económicos como el agrícola o turístico. Por lo que, cada uno de los consistorios está trabajando para regular en el ámbito local la implantación de este tipo de instalaciones en sus municipios, aunque el Gobierno de España o la Junta de Andalucía son las administraciones competentes para tramitar estos proyectos, y las que tienen la última palabra.

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